MAR CHIQUITA: FOTOMULTAS Y ALGO MAS.

Las fotomultas volvieron a sacudir Mar Chiquita y, como suele pasar cuando se mueve la caja, reaparecen los mismos nombres: Jorge Paredi, Walter “Wini” Wischnivetzky y el empresario Marcelo Cabello.

La historia viene con licitaciones, contratos, empresas, funcionarios que cambian de silla pero siguen orbitando el poder municipal y una serie de denuncias que atraviesan distintas gestiones. En el medio aparece un negocio particularmente sensible: las fotomultas y los ingresos que genera el sistema.

En diciembre de 2021, durante la intendencia de Jorge Paredi, la Municipalidad de Mar Chiquita llamó a la Licitación Pública Nº 019/21 para la “Gestión de ingresos por fotomultas Partido de Mar Chiquita”.

El objetivo era administrar los ingresos provenientes de los créditos generados por las infracciones de tránsito surgidas de los convenios de seguridad vial entre el municipio y la Provincia.

El Decreto 2068/21 estableció un presupuesto oficial equivalente al 20 por ciento de los ingresos generados, IVA incluido. Y entre los funcionarios que integraron la comisión encargada de evaluar las ofertas estaba Walter “Wini” Wischnivetzky, por entonces secretario general de la Municipalidad.

El dato queda clavado en el expediente: el actual intendente ya participaba de la estructura administrativa vinculada con las fotomultas cuando el sistema era impulsado durante la gestión de Paredi.

Después cambió el intendente. Wischnivetzky pasó de secretario general a jefe comunal. El negocio, mientras tanto, siguió andando.

Y en 2026 las fotomultas volvieron a quedar en el centro de las sospechas políticas y periodísticas. Distintas publicaciones señalaron la continuidad del esquema y pusieron el foco sobre los vínculos empresariales relacionados con Marcelo Cabello y Publi-Vial.

También habrían circulado versiones sobre posibles “retornos” y eventuales beneficios económicos o políticos alrededor del sistema.

El punto caliente está en la plata.

El esquema de fotomultas implica ingresos que salen de las infracciones de los conductores y que después deben repartirse y administrarse bajo determinadas condiciones. Por eso el detalle de los contratos, las empresas intervinientes, las prórrogas, los porcentajes y los mecanismos de control resulta clave para reconstruir quién cobra, cuánto cobra y por qué.

Y ahí aparece nuevamente Marcelo Cabello.

En noviembre de 2020, el Concejo Deliberante de Mar Chiquita aprobó la Ordenanza Nº 065 para autorizar el traspaso a Publi-Vial SRL de los derechos y obligaciones de un convenio que la Municipalidad mantenía con Jet Publicidad SRL.

El expediente oficial señala que Marcelo Cabello, en su carácter de socio gerente de Jet Publicidad, había solicitado el traspaso.

El mismo documento municipal deja asentado que Jet Publicidad y Publi-Vial pertenecían al mismo grupo económico y que el capital estaba en poder de los mismos socios: Marcelo Cabello y Sergio Rivas.

El convenio original con Jet Publicidad venía desde 2010 y estaba relacionado con la gestión y percepción de derechos de publicidad y propaganda, ocupación y uso de espacios públicos y tributos vinculados con la inspección y autorización de antenas y estructuras de comunicación.

En 2020, ese convenio había sido prorrogado hasta marzo de 2025. Después llegó el traspaso formal hacia Publi-Vial.

El nombre de Cabello, entonces, no aparece de la nada en las discusiones actuales. Ya figura en documentación municipal relacionada con empresas que mantenían convenios con la Municipalidad de Mar Chiquita.

A partir de 2025 también aparecieron cuestionamientos alrededor del Expediente 811/25. Distintas publicaciones periodísticas señalaron una posible participación de Publi-Vial en mecanismos vinculados con el control de ingresos municipales y plantearon dudas sobre el esquema.

La trama se vuelve todavía más llamativa cuando se mira el recorrido de los funcionarios.

Wischnivetzky fue secretario general durante la gestión de Paredi. Participó de la comisión que evaluó la licitación de las fotomultas. Después se convirtió en intendente.

Paredi, por su parte, dejó el municipio con una serie de denuncias y cuestionamientos administrativos acumulados durante su paso por la intendencia.

En 2014 habría sido denunciado por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de un sistema de estacionamiento medido. El planteo llegó al Concejo Deliberante y a organismos judiciales y de control e incluyó cuestionamientos sobre ordenanzas fiscales, publicación de normas, procedimientos administrativos y la contratación de MRB Servicios SRL.

En 2015, José Domingo Cappellacci denunció penalmente a Paredi por el proceso de expropiación de dos terrenos vinculados con la Ruta 11. Según el denunciante, uno de los terrenos no habría sido abonado y habría reclamado explicaciones sobre fondos destinados a esas expropiaciones.

En 2016, el concejal Alejandro Arrachea ratificó otra denuncia contra la administración de Paredi ante la Fiscalía Penal Económica Nº 10 de Mar del Plata. En aquel momento, el fiscal David Bruna señaló que se analizaban cuestiones vinculadas con licitaciones cuestionadas, administración municipal y otros hechos que eventualmente podían recibir una calificación penal.

A ese historial se suma el Tribunal de Cuentas.

En la rendición de cuentas correspondiente a 2023, el organismo sancionó a Jorge Paredi con una multa de 700.000 pesos y a Walter Wischnivetzky con una multa de 300.000 pesos. Entre las observaciones aparecieron un pequeño desequilibrio financiero, contratos realizados sin licitación y falta de justificación de ampliaciones presupuestarias.

Así queda armado el mapa: las fotomultas, una licitación que estableció un presupuesto oficial del 20 por ciento de los ingresos generados, Wischnivetzky participando en la evaluación del proceso, el posterior salto del funcionario a la intendencia, empresas vinculadas documentalmente con Cabello y una serie de denuncias y sanciones administrativas que atraviesan a distintas gestiones.

Y ahora las fotomultas vuelven a escena.

El dinero de las multas no desaparece en el aire. Entra por un sistema concreto, se administra mediante contratos y queda registrado en expedientes. Los números deberían permitir seguir cada peso.

Por eso el expediente de las fotomultas es la pieza que puede terminar de ordenar el rompecabezas: cuánto recaudó Mar Chiquita, cuánto se pagó por la gestión, qué empresa quedó a cargo, qué porcentaje recibió, qué contratos se firmaron, qué prórrogas hubo y qué controles aplicó el municipio.

Mientras tanto, los nombres se repiten.

Paredi. Wischnivetzky. Cabello. Jet Publicidad. Publi-Vial. Fotomultas.

Demasiadas coincidencias administrativas alrededor de un negocio que mueve plata pública como para que nadie mire los papeles.

La historia, ahora, está en los expedientes.