La Ciudad mete al Servicio Penitenciario dentro de la obra social de Seguridad: más poder, más plata y un reordenamiento que ya genera ruido interno
Golpe silencioso en el sistema de salud estatal porteño
La Legislatura aprobó la Ley 6972, y el Gobierno porteño la promulgó por decreto. ¿El resultado? El Servicio Penitenciario y de Reintegración Social pasa a estar cubierto por la Obra Social del Personal de Seguridad Pública (O.S.Pe.Se.), junto con Policía, Bomberos y el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Un movimiento que reconfigura el mapa de poder, amplía el presupuesto y habilita nuevas facultades para la obra social.
¿Qué implica este cambio?
La reforma modifica artículos clave de la Ley 5688 y le da al Consejo Directivo de la obra social un abanico de facultades que antes no tenía:
- Comprar y vender inmuebles.
- Contratar personal, bienes y servicios sin restricciones.
- Aprobar convenios con organismos públicos y privados.
- Tomar préstamos nacionales e internacionales.
- Definir planes de salud diferenciados según el tipo de afiliado.
En paralelo, se amplía la base de aportantes y se suman miles de nuevos afiliados penitenciarios.
El dato que preocupa: más aportes, más fondos, más poder
La ley fija un 8% de aporte obligatorio tanto para el Gobierno de la Ciudad como para los trabajadores activos de Policía, Bomberos, ISSP, Oficina de Transparencia y ahora también Servicio Penitenciario.
Además, los afiliados voluntarios (jubilados y retirados) aportarán entre 3% y 6% según su haber.
Esto significa un incremento automático del presupuesto de la obra social, que ahora podrá manejar más recursos y realizar operaciones financieras de mayor escala.
Quiénes quedan cubiertos
La obra social ahora incluye:
- Personal activo de Policía, Bomberos, ISSP, Oficina de Transparencia y Servicio Penitenciario.
- Sus grupos familiares primarios (cónyuge, hijos hasta 21, estudiantes hasta 25, hijos con discapacidad, menores bajo tutela).
- Jubilados, retirados y pensionados de todas las fuerzas mencionadas.
¿Por qué genera ruido?
En el mundo sindical y dentro de las fuerzas de seguridad, la medida se interpreta como:
- Unificación política del sistema de salud de todas las fuerzas.
- Concentración de recursos en una sola obra social.
- Mayor control del Ejecutivo porteño sobre la estructura sanitaria de Seguridad.
- Posible impacto en prestaciones, ante la incorporación de miles de nuevos afiliados.
El decreto que lo habilita
El Decreto 308/26, firmado por Macri, Tapia, Giménez y Sánchez Zinny, oficializa la promulgación y ordena su publicación en el Boletín Oficial.
Fuente: Decreto 308/26
