Mar del Plata «La no tan linda»: una gestión marcada por la inseguridad, obras que no aparecen y los negocios con el patrimonio público.

La gestión de Agustín Neme, que continúa la línea política de Guillermo Montenegro, empieza a quedar cada vez más expuesta por una serie de problemas que atraviesan a Mar del Plata y que ya no pueden explicarse solamente como dificultades aisladas. Seguridad, infraestructura, servicios, manejo de fondos públicos y concesiones de espacios municipales forman parte de una lista de reclamos que crece mientras el gobierno local intenta sostener una imagen de normalidad que, puertas adentro de la ciudad, cuesta cada vez más defender.

Uno de los principales cuestionamientos de los últimos días está relacionado con los fondos destinados a seguridad. La Provincia puso bajo la lupa el uso que hizo el municipio de más de 3.000 millones de pesos que habían sido enviados específicamente para fortalecer la prevención del delito, comprar patrulleros, instalar cámaras y sumar equipamiento.

El problema es que buena parte de esos recursos no habría sido ejecutada con ese destino. Todo esto ocurre en una ciudad donde la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los vecinos y donde los reclamos por robos y falta de prevención se repiten prácticamente todos los días. Resulta difícil pedirle paciencia a un vecino que fue víctima de un delito cuando al mismo tiempo aparecen dudas sobre qué pasó con los fondos que justamente estaban destinados a mejorar la seguridad.

El tema se vuelve todavía más incómodo porque la propia dirigencia oficialista reconoce que la situación está lejos de ser buena. Mientras el municipio intenta mostrar avances, en los barrios la percepción es otra y la falta de respuestas alimenta el malestar. Patrulleros que no alcanzan, cámaras que no funcionan o controles que aparecen después de que el delito ya ocurrió forman parte de una realidad que no se soluciona con anuncios ni conferencias de prensa. Si los recursos enviados para seguridad no se utilizan en tiempo y forma, el municipio tiene que explicar por qué y, sobre todo, qué piensa hacer para corregirlo.

A este escenario se suma uno de los conflictos políticos más importantes de los últimos meses: la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas. El proceso quedó bajo investigación judicial y recibió fuertes cuestionamientos por presuntas irregularidades. La Justicia deberá determinar qué ocurrió y si hubo responsabilidades, pero el solo hecho de que el procedimiento haya quedado bajo sospecha alcanza para abrir un debate que el municipio no puede esquivar.

Estamos hablando de dos espacios que forman parte de la identidad deportiva de Mar del Plata y que representan un patrimonio público de enorme valor. Cualquier concesión sobre esos lugares debería ser absolutamente transparente, con reglas claras y garantías concretas de que el beneficio no será solamente para quien se quede con la explotación.

Mientras se discuten concesiones y proyectos que pueden mover cifras millonarias, los problemas cotidianos siguen esperando. Las calles deterioradas son una postal que se repite en distintos barrios, las obras prometidas avanzan con lentitud y la infraestructura continúa siendo una de las grandes deudas de la ciudad. El tránsito tampoco mejora y los accidentes siguen generando víctimas, mientras persisten los reclamos por falta de controles, señalización y mantenimiento de calles y avenidas. Para quienes viven todo el año en Mar del Plata, la discusión no pasa por grandes planes de transformación urbana: pasa por algo bastante más básico, como poder circular sin destruir el auto, tener calles transitables y contar con un municipio que responda cuando los problemas se vuelven permanentes.

Lo mismo ocurre con la recolección de residuos y el funcionamiento de los servicios municipales. Una ciudad que durante buena parte del año recibe a miles de turistas no puede darse el lujo de tener problemas recurrentes con la limpieza, el mantenimiento y la disposición de residuos. La situación del predio de disposición final y los conflictos que aparecen alrededor del servicio vuelven a poner en evidencia una cuestión que debería ser prioritaria: garantizar que los servicios básicos funcionen de manera regular y no solamente cuando comienza la temporada turística.

Todo esto ocurre, además, después de varios años de una misma fuerza política al frente del municipio. Por eso resulta cada vez más difícil atribuir todos los problemas a una herencia recibida. Neme podrá argumentar que existen dificultades económicas, que hay responsabilidades que corresponden a la Provincia o que algunos problemas vienen de mucho tiempo atrás, pero después de tantos años de continuidad política también corresponde preguntarse qué se hizo para solucionarlos y por qué muchas de esas dificultades siguen exactamente en el mismo lugar.

La discusión de fondo es cuáles son las prioridades del gobierno municipal. Porque mientras los vecinos esperan respuestas por seguridad, calles, tránsito, residuos, salud e infraestructura, aparecen permanentemente nuevos proyectos, concesiones y negocios vinculados al patrimonio de la ciudad. Y cuando esas operaciones quedan rodeadas de cuestionamientos, la desconfianza crece todavía más

. No alcanza con decir que todo está dentro de la legalidad: cuando se trata de bienes públicos, la transparencia debería ser absoluta y la información debería estar disponible antes de que los vecinos tengan que enterarse por una denuncia o por una investigación judicial.

Mar del Plata necesita mucho más que una gestión que administre la coyuntura. Necesita un gobierno capaz de explicar qué hace con los recursos, dónde están las obras, cómo se controla la seguridad y qué criterios utiliza cuando decide entregar la explotación de un espacio que pertenece a todos los marplatenses. Porque el problema no es que la ciudad tenga dificultades —las tienen todas las grandes ciudades—, sino que después de años de continuidad política muchas de esas dificultades siguen sin encontrar una respuesta convincente.

Mientras tanto, los vecinos siguen pagando tasas, soportando calles rotas, reclamando seguridad y esperando obras que no llegan. Y frente a ese escenario, la pregunta empieza a ser inevitable: ¿la ciudad está siendo administrada para resolver sus problemas o para avanzar con negocios y proyectos que terminan beneficiando a unos pocos?

La respuesta no debería quedar en manos de una campaña de comunicación. Debería estar en los números, en las obras realizadas, en los controles y, sobre todo, en una administración pública que pueda demostrar que cada peso y cada decisión están puestos al servicio de Mar del Plata y no de intereses particulares.