MILEI INTERVIENE COVIARA Y LE DA TODO EL PODER A UN SOLO FUNCIONARIO
El Gobierno intervino por 180 días hábiles la empresa estatal vinculada a la Armada. Marcial Eduardo Pérez quedó al frente con facultades para administrar, representar, designar y remover personal, contratar servicios y resolver contratos. El objetivo final: transformar COVIARA y avanzar hacia su fusión con otra empresa estatal.

El Gobierno de Javier Milei volvió a mover una pieza dentro del esquema de empresas estatales. Esta vez fue el turno de COVIARA, la empresa de Construcción de Vivienda para la Armada.
A través del Decreto 817/2026, el Poder Ejecutivo decidió intervenir la compañía durante 180 días hábiles y poner toda su conducción en manos del capitán de navío Marcial Eduardo Pérez.
La decisión fue firmada por Milei, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Y hay un dato central: el interventor tendrá en sus manos las facultades que hasta ahora correspondían al Directorio.
¿POR QUÉ INTERVIENEN COVIARA?
La explicación oficial del Gobierno es contundente: la empresa quedó con su estructura de conducción incompleta.
El presidente del Directorio había presentado su renuncia, aceptada a partir del 31 de marzo de 2026, y además permanecían vacantes distintos cargos de directores.
Según el propio decreto, esta situación dificultaba la toma de decisiones y frenaba el proceso de transformación de la empresa.
Pero aparece una pregunta inevitable:
¿Cómo puede ser que un proceso ordenado por el propio Gobierno todavía no haya terminado más de un año después?
Porque el antecedente de esta intervención se encuentra en el Decreto 117/2025.
En febrero de 2025, el Gobierno había ordenado transformar COVIARA en una Sociedad Anónima Unipersonal.
Ahora, en agosto de 2026, el Ejecutivo reconoce que todavía quedan actuaciones pendientes.
UN SOLO FUNCIONARIO CONCENTRARÁ LAS DECISIONES

El artículo 4° del nuevo decreto establece que Marcial Eduardo Pérez ejercerá en forma exclusiva la administración y representación de COVIARA y de su continuadora COVIARA S.A.U.
No se trata solamente de ocupar un cargo.
Pérez asumirá las competencias que correspondían al Directorio.
Y el decreto le otorga facultades para tomar decisiones sobre aspectos centrales de la empresa.
Podrá:
Designar y remover funcionarios y personal.
Contratar servicios.
Resolver y rescindir contratos existentes.
Tomar decisiones administrativas, financieras, patrimoniales y operativas.
Todo esto mientras dure la intervención.
EL OBJETIVO FINAL YA ESTÁ ESCRITO
El Gobierno tampoco deja dudas sobre el destino que pretende para COVIARA.
El objetivo de la intervención es completar su transformación en COVIARA S.A.U.
Y después avanzar con la fusión por absorción con Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
¿Qué significa esto?
Que COVIARA S.A.U. dejará de existir como sociedad independiente una vez concretada la fusión.
El propio decreto establece que se producirá su disolución sin liquidación.
Es decir: la intervención es parte de un proceso que apunta a cambiar definitivamente la estructura y el destino de la empresa.
¿QUÉ GANA EL GOBIERNO CON LA INTERVENCIÓN?
Desde la lógica planteada por el Ejecutivo, la intervención permite acelerar un proceso que estaba trabado.
Con un Directorio incompleto, las decisiones podían demorarse.
Con un interventor, el Gobierno concentra la conducción y evita depender de un órgano que no estaba plenamente integrado.
Además, Pérez tendrá capacidad para reorganizar personal, contratar servicios y actuar sobre los contratos existentes.
En términos políticos y administrativos, significa más velocidad y menos intermediación en la toma de decisiones.
PERO TAMBIÉN HAY UNA CONCENTRACIÓN DE PODER
Ese es uno de los aspectos más relevantes de la medida.
Durante 180 días hábiles, las funciones del Directorio quedan concentradas en un solo funcionario.
El Gobierno sostiene que esto es necesario para destrabar el proceso.
Pero la decisión abre otro debate:
¿Es la intervención la única manera de resolver el problema de un Directorio incompleto?
El decreto no explica por qué se eligió este mecanismo en lugar de completar las vacantes del órgano de administración.
Tampoco detalla cuáles fueron, uno por uno, los obstáculos que impidieron completar la transformación ordenada en 2025.
DEFENSA Y ECONOMÍA SUPERVISARÁN EL PROCESO
Pérez no actuará completamente sin control.
El decreto establece que el Ministerio de Defensa y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía podrán supervisar la intervención.
Ambos organismos también podrán dictar normas complementarias y aclaratorias para implementar la medida.
Pero la administración cotidiana queda en manos del interventor.
180 DÍAS PARA DEFINIR EL FUTURO DE COVIARA
El reloj ya empezó a correr.
Durante los próximos 180 días hábiles, Marcial Eduardo Pérez deberá conducir una empresa que el Gobierno pretende transformar y posteriormente fusionar.
El desafío será completar todas las actuaciones pendientes.
Pero la decisión también deja expuesta una situación incómoda para la propia administración de Milei:
el Gobierno ordenó la transformación de COVIARA en 2025 y, más de un año después, tuvo que intervenirla porque el proceso todavía no estaba terminado.
Ahora, para acelerar ese mismo proceso, concentra las facultades del Directorio en un solo funcionario.
El destino de COVIARA parece estar definido.
Transformación, fusión y disolución de la sociedad absorbida.
Lo que queda por ver es si estos 180 días alcanzarán para concretar el proceso que el Gobierno comenzó a impulsar en 2025 y que todavía permanece inconcluso.
